¿En qué descansa la credibilidad del candidato independiente?

in Columnas

Como aspirante a candidato independiente a Constituyente de la Ciudad de México, sin el respaldo de un partido, una empresa o una ONG, tu único capital es tu prestigio, el cual arriesgas y sometes al escrutinio público con el objetivo de poder incidir en el diseño de una Constitución que sea técnicamente correcta, vele por los intereses de la ciudadanía y proporcione un marco a los demás ordenamientos legales, para que las futuras generaciones tengan un instrumento que les permita entender y ejercer sus derechos, libertades y obligaciones, en un verdadero estado de derecho.

No hay ninguna retribución económica para quien logre ser Diputado Constituyente, de hecho le costará, pues habrá de donar su tiempo, estudiar y hasta pagar por sus traslados. El encargo dura menos de 5 meses y, en realidad, a pocos les interesa el tema, así que ni siquiera se puede aspirar a ser “famoso”.

La ciudadanía no pidió una Constitución local, no se le preguntó al respecto, ni siquiera encuentra ventajas en su elaboración, el gobierno no ha sabido transmitir su importancia y, la impresión general, es que solo costará dinero de sus impuestos, multiplicará la burocracia, sin que le otorgue beneficio alguno.

Lo único que se puede obtener participando, es el honor de hacerlo, un concepto totalmente fuera de moda, condenado a ser ignorado por la mayoría, pues nadie recuerda a los Constituyentes, lo más conocido, es la avenida que lleva su nombre y ello por los constantes conflictos de tráfico que en la misma se generan.

Algunos decidimos participar, aún sabiendo que era un reto casi imposible lograr 74,000 firmas en menos de un mes, convencer a la ciudadanía de nuestras propuestas y cumplir con toda una serie de requisitos irrazonables cuyo único objetivo es facilitar las labores del Instituto Nacional Electoral (INE), cumplir con un calendario y garantizar, que la actuación de las autoridades, no merezca una sanción.

Lo que resultó una verdadera sorpresa, fueron los ataques virulentos de los personajes menos esperados:
Hubo quien, habiendo siempre presumido de tolerante, al no coincidir con las propuestas, decidió hacer una campaña para denostar al candidato e inventar toda clase de razones obscuras para empañar el proyecto.
Algunos participantes que no lograron recabar las firmas, decidieron con toda soberbia que, si ellos no habían podido, simplemente no era posible, a menos de que se hiciera trampa, acusando y haciendo afirmaciones carentes de todo sustento.
Representantes de partido, que nunca imaginaron que un independiente lograra las firmas, lanzaron toda clase de acusaciones para demeritarlos, sin darse cuenta de que no sólo atacaban a los aspirantes, sino también, a la ciudadanía que los apoyó con su firma.

Pero lo verdaderamente inusitado, fue la actitud del INE, que acusó, sin probarlo, a quienes participaron en el proceso, asignándoles un responsabilidad que no les corresponde.

El otorgamiento de las candidaturas se acordó pasadas las 21 horas del 17 de abril de 2016, sin embargo, desde las 18:30 horas, diversos medios e incluso el responsable de Comunicación Social de la dependencia, anunciaban que sólo 8 aspirantes lo habían logrado, dando incluso sus nombres, cuando ni siquiera se había discutido ese punto de la Orden del Día.
Al día siguiente se afirmaba, sin ninguna prueba, que los candidatos habían hecho trampa, comprado listas con firmas inventadas, de muertos y reos. Incluso el Consejero Murayama, ante el escándalo de la aparición del padrón electoral en Amazon, se atrevió a afirmar que se había usado para rellenar listas, cuestionando la obtención de firmas y concluyó que era un engaño a la autoridad y a la ciudadanía.

Para el proceso, se eliminó el requisito de obtener copia de la credencial de elector de quien le otorgara su apoyo, por tanto, el aspirante únicamente obtenía el nombre, clave de elector, OCR o CIC y firma del ciudadano, sin tener a la vista la credencial, ni ser responsable de que existiera o coincidiera con los datos asentados, por lo que resulta imposible responsabilizarlo de su veracidad.

De hecho, quien decidió solicitar todas las copias de las credenciales e impugnó, logró demostrar, en 48 horas, que era falso el dicho del INE, convalidó las firmas y obtuvo la candidatura. Aquel que no solicitó las copias, pudo allegarse algunas y demostrar su procedencia, pero quedó imposibilitado de obtener las de la mayoría, que no conocía ni tenía forma de contactar.

Los aspirantes participaron sabiendo lo difícil de la contienda, del cumplimiento de los requisitos, que sus propuestas estarían sujetas al escrutinio público, que convencerían a algunos y a otros no, pero de ninguna manera estuvieron dispuestos a que una Autoridad, aprovechándose de esa calidad, contraviniendo las disposiciones expresas de la Ley y con un total desaseo del manejo de la información, irresponsablemente emitiera declaraciones que denostaran su imagen, buen nombre y prestigio, que al final del proceso, es con lo único que les queda.

El daño está hecho, es de imposible reparación, viola los derechos humanos de los aspirantes y debe ser condenado.

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