La Ley de Seguridad Interior no puede ser producto de decisiones políticas: posicionamiento de la CNDH ante la discusión de la Ley en el Senado

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La Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado jueves 30 de noviembre en la Cámara de Diputados establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.  Ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su postura respecto a la inminente discusión en el Senado sobre dicha ley.


Mediante un comunicado dado a conocer mediante redes sociales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer su posicionamiento sobre la inminente discusión de la Ley de Seguridad interior que se dará al interior del Senado.

La aprobación de esta ley generó una infinidad de reacciones, algunas a favor, otras en contra, pero predominando la polémica forma de discutirlo por parte de diputados que la aprobaron en un abrir y cerrar de ojos. 

Ante esta situación la CNDH refiere que es necesario emitir una ley en materia de seguridad interior:

“La relevancia de las tareas que las Fuerzas Armadas llevan a cabo, desde hace más de diez años, como consecuencia de la crítica situación de violencia e inseguridad que ha enfrentado nuestro país, derivada de las actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales, ha propiciado que se plantee la conveniencia de emitir una ley en materia de Seguridad Interior como una vía para dar mayor sustento jurídico a tales tareas y proporcionar mayor certidumbre a las relaciones que se presenten entre autoridades y gobernados en este contexto”.

 

La comisión refiere que si bien es necesaria una ley, la propuesta que se aprobó en la cámara de senadores violará derechos individuales y libertades básicasen México: 

“La aprobación de la propuesta de ley en los términos en que se presenta, genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.

La CNDH enlistó una serie de violaciones a derechos humanos que se podrían dar de aprobarse la Ley de Segurdad Interior:

  • Una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica.
  • La imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia.
  • La falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas.
  • La posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos.
  • La trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.

Reasaltó como un facror en contra que la aprobación de la Ley que facultya a las Fuerzas Armadas de actuar en tareas de seguridad pública “dejaría de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.

“Esta Comisión Nacional ha insistido en que los problemas de seguridad y justicia que nuestro país enfrenta se deben abordar bajo un esquema amplio, en el que se traten de manera conjunta e integrada la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz, así como determinar el tipo de policía que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, precisando los modelos bajo los cuales se daría su operación”, resaltó el comunicado.

La CNDH apunta que la necesidad de una Ley de Seguridad Interior no debe obedecer a ningún interés político, “tal y como este Organismo Nacional lo ha expresado de manera reiterada, sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos”, e invitó a los senadores que se encargan de discutirla a realizar un examen objetivo y detallado de la propuesta de Ley al amparo de lo previsto por el artículo 1º Constitucional:

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formula un respetuoso llamado a las señoras y señores que integran el Senado de la República, para que con responsabilidad y plena conciencia sobre las repercusiones que tendrán sus actos, hagan un examen objetivo y detallado de la propuesta de Ley de Seguridad Interior al amparo de lo previsto por el artículo 1º Constitucional y con estricto apego y al régimen competencial y de atribuciones expresas que consagra nuestro máximo ordenamiento. Ningún acto de autoridad puede contravenir o poner en entredicho las instituciones, libertades y garantías que sustentan nuestro sistema democrático”, culmina el comunicado.

Foto de portada por:

AIES

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